Fuente: El Set
El consistorio negociará ahora la rebaja en el coste de la desalación, principal carga económica del programa urbanístico
El Ayuntamiento de Oropesa del Mar ha acordado la resolución del PAI La Colomera, un proyecto cuyo arranque se remonta a 2001, habiendo sufrido a lo largo de su tramitación y desarrollo diferentes retrasos.
PP y GIO han dado luz verde a la resolución, mientras que el grupo BLOC-Compromís ha votado en contra, absteniéndose PSOE y el concejal No Adscrito.
Se trata, según explicaba el concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat, la empresa que obtuvo en su día la condición de agente urbanizador ha entrado en Concurso de Acreedores, por lo que se ha tomado la determinación de resolver la situación a través de la ejecución del aval con el que se cuenta, para finalizar la obra.
Los costes que se debatieron en el pleno ascienden a 1.687.000 euros, mientras que el aval es de 800.000 euros. De ello, la parte del león obedecería a la participación económica en la desaladora, un aspecto que ahora será el principal caballo de batalla. Precisamente Fabregat señalaba que se está negociando con el gobierno estatal rebajar la participación en el pago de las desaladoras, unas obligaciones que durante el gobierno del PSOE tuvieron doble rasero en su aplicación práctica tras la derogación del Trasvase del Ebro “en otras comunidades autónomas se bonificaba el 90%”, apuntaba Tomas Fabregat.
Desde el PSOE su portavoz, Fernando Domínguez, consideró que la resolución de este problema urbanístico serán los vecinos los que terminen padeciéndolo económicamente, por la necesidad de afrontar unos costes de 1.687.000 euros “por no tener la debida diligencia”.
Por su parte, el portavoz de BLOC-Compromís, Josep Lluis Romero, quien explicó el trasfondo del problema “a esta situación se llega por dejadez”, preguntándose por las condiciones en las que se aprobó el PAI en 2001.
Por ese motivo, el edil nacionalista solicitó la apertura de un expediente para ver como fue el proceso de adjudicación y determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar.
Romero aclaró que las licencias de obras estaban condicionadas al cumplimiento de determinadas condiciones y las cedulas por su parte, vinculadas a la entrega de las obras de urbanización, por lo que de haberse tenido una mayor fiscalización y control del proyecto “la empresa se hubiera apresurado”.
No obstante, para el edil nacionalista, el consistorio ha recaudado dinero en concepto de IBI por este proyecto “sin necesidad de invertir”, planteándose dudas sobre el proceso que llevó a respaldar un programa urbanístico sin suministro de agua potable ni de recogida de aguas residuales”, lo que lo convierte ahora en un problema para los vecinos.
Pero Romero apunta a los representantes políticos “que serán cómplices en todo el gasto económico”, augurando un proceso judicial en un horizonte próximo “terminará en el lugar natural de estas cosas, que es el juzgado”.
Desde el grupo municipal del GIO, Fernando Juárez afirmó que se le dio a la empresa todos los plazos posibles para llegar a un acuerdo y evitar situaciones indeseadas, además de resaltar que “los políticos no somos responsables de los Concursos de Acreedores. Sin embargo, ante la petición de responsabilidades jurídicas y patrimoniales por parte del grupo BLOC-Compromís, Juárez se limitó a manifestar que “iré ante un juez”, en caso de que se le requiera, del mismo modo que ha hecho en el pasado por otras cuestiones “y hemos tenido sentencias favorables”.
En otro orden de cosas, el pleno ha aprobado dejar desierto el concurso para la adquisición de un furgón de atestados para la Policía Local, por no cumplirse los requisitos por parte de las empresas aspirantes.
También se sacó adelante la Información Pública del anteproyecto del contrato para la gestión de instalaciones deportivas. Se trata de unas zonas deportivas, en R4A de 10.000 metros y en R5A de 3.300 metros, para cuya gestión se abre un plazo de un mes para la presentación de ofertas. El proyecto contempla una remodelación interior de las instalaciones ya existentes.
Además los votos favorables del Partido Popular y GIO, sacaron adelante el reconocimiento extrajudicial de facturas por valor de 35.194 euros, votando en contra el concejal No Adscrito y el PSOE y absteniéndose el BLOC.
En las daciones de cuentas, sobre la información económica del consistorio, Oropesa del Mar estableció en el primer trimestre del año un plazo medio de pago de 20,36 días, mientras que los intereses de demora por retraso en el pago fueron cero, tal como quiso destacar el alcalde, Rafael Albert.
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