Fuente: La Razón
Los caminos del aeropuerto de Ciudad Real y del de Castellón comienzan a separarse. Desde 2012 el primero está cerrado, sus resultados económicos han sido siempre ruinosos y en octubre de 2011 dejó de ofrecer vuelos comerciales. En aquel momento, registraba una media de 20 pasajeros al día. Su uso se restringió para operaciones privadas. El de Castellón se inauguró en marzo de 2011, pero aún no ha aterrizado ningún avión.
Son dos infraestructuras que se han puesto como símbolo del despilfarro, pero a las que parece que les espera dos finales, al menos a medio plazo, diferentes.
El de Ciudad Real, conocido como el aeropuerto de El Quijote, ha salido a la venta por cien millones. Su inversión ascendió a 1.100 millones. Su construcción, según defienden los gobernantes que lo auspiciaron, entonces socialista, fue privada, aunque lo cierto es que la Caja de Castilla- La Mancha fue la principal financiadora del proyecto. Esta entidad acabó intervenida.
Explotación privada
La Generalitat afirma que la obra civil del aeropuerto situado en Vilanova de Alcolea costó 111 millones de euros, aunque esta cifra no contempla el coste que ha supuesto para las arcas públicas la empresa pública Aerocas o los 35 millones anuales que se han tenido que gastar en su mantenimiento.
Esta infraestructura iniciará en los próximos meses una nueva etapa. Antes de que finalice el año estará licitada su gestión a un operador privado y a principios de 2014 se adjudicará. El objetivo es que el aeropuerto comience a funcionar antes del verano y explotará así la temporada alta de turismo en la provincia de Castellón.
El Gobierno de Alberto Fabra también lo sacó a la venta, aunque no hubo ofertas que acreditasen suficientes garantías.
El modelo de gestión del aeropuerto ha quedado definido como «flexible- indirecto». Se licitarán los servicios integrales por un valor máximo de 2,5 millones de euros el primer año. A partir del quinto, cuando se espera haber alcanzado los 360.000 pasajeros, el aeropuerto no tendrá coste para la Generalitat, según aseguró el vicepresidente José Císcar.
Los tres grupos de la Diputación aprobarán en el pleno de la semana próxima pedir la paralización definitiva del Castor. Así lo avanzarán hoy en la comisión de Desarrollo Sostenible en la que se debatirá la propuesta que ha elevado Compromís. Su portavoz, Enric Nomdedéu, pide además que se desmantele la plataforma “ante el temor que tenemos a una posible reapertura de la infraestructura. Diputación debe ser sensible a lo que reclama la ciudadanía y debe ser valiente políticamente para exigir que no vuelva a haber nueva actividad”. Sigue leyendo 
