El Gobierno busca vías para que las desaladoras no cuesten dinero

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Fuente: El Periódico Mediterráneo

Los empresarios valencianos piden a Rajoy que el agua quede fuera del debate político. El Consell desvela que trabajan para que los vecinos no asuman el coste de la obra

Desaladora_OrpesaEl portavoz del Gobierno valenciano, José Císcar, avanzó ayer que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está trabajando para dar con las fórmulas oportunas que eviten que el coste de la construcción de desaladoras no repercuta en el recibo del agua de los castellonenses y del resto de ciudadanos de la Comunitat. En la provincia, la infraestructura de Moncofa y la de Cabanes-Orpesa están en su recta final y entrarían en marcha en el 2014, un coste que repercutiría en municipios y regantes.

Císcar recordó que con la derogación de la denominada cláusula Narbona ya no hay que restar del agua del trasvase los caudales procedentes de la desalinización, “lo que da tranquilidad a los regantes que no podían asumir el precio del agua desalinizada”. Al respecto, apuntó que se automatizan las reglas de explotación, de forma que ya no se tiene que debatir cada vez la cantidad de agua a trasvasar, sino que hay cuatro niveles fijados, mientras que se introduce un control y unos niveles máximos de desembalses en los embalses de cabecera.

El portavoz del Gobierno de Alberto Fabra hizo estas manifestaciones al anunciar el acuerdo alcanzado en torno al memorándum de entendimiento del trasvase Tajo-Segura conseguido el pasado miércoles entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas afectadas.

El Consell considera que el acuerdo sobre el trasvase consolida “definitivamente” ese proyecto y lo dota de “seguridad jurídica y estabilidad”, lo que va a dar “muchísima tranquilidad” al sector agroalimentario valenciano y al de la región de Murcia.

Ayer, además, la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) instó al Gobierno central a “recuperar el liderazgo menoscabado” para “acabar con los problemas de déficit estructural y eliminar el agua del debate partidista”, así como a crear “una entidad pública o agencia para el suministro en alta que podría asumir la gestión de los sistemas integrados de abastecimiento”. Así lo recoge el estudio El Laberinto del Agua que  presentó su presidente, Vicente Boluda, y el catedrático de la UJI Ignacio Morell, entre otros.

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