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Fuente: Efe
El hijo de 14 años de la mujer de Oropesa del Mar (Castellón) que ha sido agredida con arma blanca supuestamente por su pareja llamó sobre la una de la madrugada al teléfono de emergencias 112 para avisar de que su padre «estaba matando a su madre». Sigue leyendo
Fuente: Europa Press
Un grupo de vecinos de los municipios castellonenses de Vinaròs y Benicarló integrados en la Assemblea Cituadana de Vinaròs (Castellón), en coordinación con la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, ha propuesto para el 10 de noviembre, a las 12.00 horas, rodear la planta terrestre del Castor situada junto a la CV-11, en Vinaròs, como medida de rechazo al proyecto Sigue leyendo
Fuente: Europa Press
El pleno de las Cortes Valencianas ha aprobado este jueves por unanimidad una propuesta en la que pide al Gobierno central el cierre «definitivo y permanente» del almacén de gas submarino Castor, así como su posterior desmantelamiento, porque considera que su puesta en funcionamiento «no ofrece ninguna certeza ni seguridad de que no se vuelvan a reproducir terremotos, ni se puede garantizar la seguridad ciudadana».
Así consta en una enmienda transaccional que han firmado los cuatro grupos parlamentarios tras una proposición no de ley presentada por el PP y sendas enmiendas de Compromís y EUPV. En el texto aprobado por unanimidad, el parlamento autonómico también insta al Consejo a que, en caso de comprobarse posibles negligencias en la tramitación del proyecto Castor, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), «se exijan y depuren todo tipo de responsabilidades, tanto a la empresa concesionaria como a las autoridades que participaron en la resolución que autorizó el mismo».
El PP había presentado una proposición no de ley en la que instaba al parlamento autonómico a expresar su respaldo y apoyo a «la paralización indefinida y el cese inmediato» del proyecto Castor de Vinaròs (Castellón), «mientras no se garantice la seguridad ciudadana». Por su parte, Compromís y EUPV han defendido sendas enmiendas en las que solicitaban al Gobierno el cierre definitivo de la instalación por los seísmos registrados en la zona.
La diputada de EUPV Marina Albiol, antes de alcanzarse el acuerdo, ha resaltado que se tienen que depurar «responsabilidades de todo tipo», ya que considera que «las responsabilidades son compartidas entre el Misterio y el Consejo, entre el PP y el Partido Socialista». Asimismo, ha exigido «el cierre definitivo y desmantelamiento del almacén y de la planta», ya que entiende que «nunca se debería de haber instalado».
El parlamentario ‘popular’ Mariano Castejón le ha respondido que «la declaración ambiental del Consejo la otorgó el Gobierno socialista», y ha destacado que la proposición no de ley del PP «deja muy claro que la puesta en marcha de esta planta no puede ser incondicional», pero ha instado a dejar a que los expertos determinen los resultados de los estudios.
Por parte de Compromís, el diputado Josep Maria Pañella ha defendido su enmienda que, según ha indicado, «propone lo que ayer (por este miércoles) se aprobó en la Diputación de Castellón», por lo que considera que si el PP no quiere probarla es porque «está jugando al gato y al ratón».
Mariano Castejón le ha respondido que las medidas puestas en marcha por el Consell son «correctas» y que la propuesta del grupo popular «va en la línea de dar seguridad a los pueblos del norte de Castellón».
Respecto al grupo socialista, el parlamentario Francesc Signes, que ha intervenido tras alcanzarse el acuerdo unánime, ha valorado que haya habido consenso sobre este tema que, a su juicio, es «lo que la sociedad y los municipios afectados estaban esperando». Por ello, ha agradecido a todos los grupos «este ejercicio de responsabilidad política», y ha resaltado que «no hay interés económico o empresarial que esté por encima del interés de las personas».
Fuente: El Periódico Mediterráneo
Los ciudadanos de Castellón que sean titulares de propiedades inmobiliarias con un valor catastral inferior a los 79.000 euros recibirán el próximo año un alivio en sus bolsillos dado que el coeficiente del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se reducirá del 0,85% al 0,80%. La rebaja fiscal que ayer anunció el alcalde, Alfonso Bataller, afectará a unos 45.000 de los 80.000 bienes inmobiliarios incluidos en el padrón del IBI. Con esa rebaja del tipo, el consistorio compensará a las familias con patrimonio de menor valor el alza anual de la ponencia de valores por la revisión catastral de hace dos años. Sigue leyendo
Fuente: El Mundo
Juicio al ex presidente de la Diputación
Los técnicos dicen que para gastar 1,9 millones en tarjetas, la mayoría en casinos, ‘hacen falta recursos en las cuentas’.
MAS SOBRE EL CASO
Los peritos de Hacienda que han vuelto a declarar este miércoles en el juicio contra el ex presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, han explicado el modo de proceder de Carlos Fabra para, siempre según los investigadores de la Agencia Tributaria, «aflorar dinero negro». En concreto, «esa operación es la primera que incluye los manuales de estudio de blanqueo de dinero negro». Sigue leyendo
Todo el corredor mediterráneo, desde Francia hasta Valencia (concretamente Almussafes) estará activado antes de que acabe el año. Con el objetivo de cumplir los plazos, que marcan que en el 2015 la provincia y la capital autonómica estarán conectadas en ancho internacional con la frontera francesa, en lo que queda de 2013 se producirán avances para que al menos estén licitadas las actuaciones que restan. Sigue leyendo
Fuente: El Periódico Mediterráneo
Los tres grupos de la Diputación aprobarán en el pleno de la semana próxima pedir la paralización definitiva del Castor. Así lo avanzarán hoy en la comisión de Desarrollo Sostenible en la que se debatirá la propuesta que ha elevado Compromís. Su portavoz, Enric Nomdedéu, pide además que se desmantele la plataforma “ante el temor que tenemos a una posible reapertura de la infraestructura. Diputación debe ser sensible a lo que reclama la ciudadanía y debe ser valiente políticamente para exigir que no vuelva a haber nueva actividad”. Sigue leyendo
Fuente: La Razón
Los caminos del aeropuerto de Ciudad Real y del de Castellón comienzan a separarse. Desde 2012 el primero está cerrado, sus resultados económicos han sido siempre ruinosos y en octubre de 2011 dejó de ofrecer vuelos comerciales. En aquel momento, registraba una media de 20 pasajeros al día. Su uso se restringió para operaciones privadas. El de Castellón se inauguró en marzo de 2011, pero aún no ha aterrizado ningún avión.
Son dos infraestructuras que se han puesto como símbolo del despilfarro, pero a las que parece que les espera dos finales, al menos a medio plazo, diferentes.
El de Ciudad Real, conocido como el aeropuerto de El Quijote, ha salido a la venta por cien millones. Su inversión ascendió a 1.100 millones. Su construcción, según defienden los gobernantes que lo auspiciaron, entonces socialista, fue privada, aunque lo cierto es que la Caja de Castilla- La Mancha fue la principal financiadora del proyecto. Esta entidad acabó intervenida.
La Generalitat afirma que la obra civil del aeropuerto situado en Vilanova de Alcolea costó 111 millones de euros, aunque esta cifra no contempla el coste que ha supuesto para las arcas públicas la empresa pública Aerocas o los 35 millones anuales que se han tenido que gastar en su mantenimiento.
Esta infraestructura iniciará en los próximos meses una nueva etapa. Antes de que finalice el año estará licitada su gestión a un operador privado y a principios de 2014 se adjudicará. El objetivo es que el aeropuerto comience a funcionar antes del verano y explotará así la temporada alta de turismo en la provincia de Castellón.
El Gobierno de Alberto Fabra también lo sacó a la venta, aunque no hubo ofertas que acreditasen suficientes garantías.
El modelo de gestión del aeropuerto ha quedado definido como «flexible- indirecto». Se licitarán los servicios integrales por un valor máximo de 2,5 millones de euros el primer año. A partir del quinto, cuando se espera haber alcanzado los 360.000 pasajeros, el aeropuerto no tendrá coste para la Generalitat, según aseguró el vicepresidente José Císcar.