Fuente: El Periódico Mediterráneo
LA PLANTA NO SE DESMANTELARÁ SEGÚN EL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS
La solución del Ejecutivo evita elevar el déficit público y salva el pago de Escal a los inversores internacionales. Enagas asume la gestión de la instalación a cambio de cargar los costes en los recibos a lo largo de 30 años
Las previsiones se han cumplido y los consumidores de gas natural acabarán pagando los 1.350 millones de indemnización por el almacén submarino Castor, como ya publicó este periódico hace 15 días. El Gobierno no ha esperado a los informes técnicos encargados a dos universidades estadounidenses para confirmar que los más de 1.000 terremotos registrados en el Maestrat hace un año se debían a la inyección de gas, como así lo afirman los realizados por el Instituto Geológico y Minero y el Geográfico Nacional. Ni tampoco ha aguardado al dictamen de la Fiscalía de Castellón respecto a la conexión de los seísmos con el comienzo de la actividad en la planta que empezó a gestarse con el Gobierno popular de José María Aznar y obtuvo la autorización ambiental, que permitía su construcción, con el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Finalmente, el consejo de ministros aceptó ayer, en un real decreto-ley, la renuncia de Escal UGS –participada en un 66,67% por ACS, perteneciente al presidente del Madrid, Florentino Pérez– a la concesión del almacén de gas Castor y que fija una indemnización para la compañía de 1.350,7 millones, que se cargará al recibo del gas en 30 años. La solución implica que no se desmantelarán las instalaciones, sino que se quedarán en hibernación, de manera que pueden volver a ponerse en marcha en un futuro.
El responsable de Energía de IU, Adolfo Barrena, ya avanzó que cada usuario español de gas deberá abonar unos 200 euros.
Según explicó ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el importe de la indemnización lo asumirá, en un primer momento, Enagas, empresa responsable del transporte de gas en España, participada por el propio Gobierno. Después, el sistema gasista, es decir, en última instancia los consumidores, abonará anualmente este coste.
Enagas Transporte, filial de Enagas, será titular de un derecho de cobro por parte del sistema de gas con cargo a la factura mensual por esos 30 años, ha explicado la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
No obstante, el gestor gasista ya ha convenido con varias entidades financieras la cesión de este derecho de cobro y tiene previsto formalizarlo hoy, tras la publicación en el BOE. Así, el Gobierno evita cargar los 1.350 millones del Castor al déficit público.
Según Enagas, la operación tendrá un carácter neutro desde el punto de vista financiero, ya que no afectará a sus cuentas, ni a sus ratios de endeudamiento.
Los bancos que han presentado la mejor oferta para quedarse con los derechos de cobro han sido un sindicato formado por Santander, Bankia y La Caixa.
El primer pago será el 25 de abril del 2016, según un comunicado del Ministerio de Industria.
Según las mismas fuentes, la solución adoptada permite reducir el coste para el sistema gasista frente al gasto del almacenamiento en caso de haberse puesto en funcionamiento las instalaciones como estaba previsto. El Gobierno estima el ahorro a partir del 2017 en más de 110 millones de euros al año, pasando de costes más de 210 millones anuales a unos 100 millones cada ejercicio.
Aunque la intención de ACS era que le abonasen los 1.700 millones, que incluían los gastos operativos de su puesta en marcha, el Gobierno lo ha limitado a los cerca de 1.400 millones que se cubrieron con la emisión de los bonos, con lo que se limita a dar satisfacción a los inversores internacionales y la constructora presidida por Pérez debería asumir el resto de pérdidas, ya que su socio canadiense, Dundee Energy, que tiene el 33% de Castor, no asume el fracaso financiero.
El presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, declinó hacer declaraciones a Mediterráneo.
No obstante, el real decreto da un respiro a ACS, ya que consigue la indemnización por el cierre del almacén antes del 30 de noviembre, fecha en que los bonistas que pusieron los 1.400 millones que necesitaba Escal para financiar la planta tenían que comenzar a recuperar su aportación.
¿Por qué la premura del Gobierno? Si los informes encargados por Industria detectan dolo o negligencia por parte de Escal al inyectar el gas, ACS podría haberse quedado sin indemnización.
Es más, algunas fuentes apuntan al impacto negativo que tendría en la confianza de los inversores internacionales en España el hecho de que una compañía como ACS incurriera en impago con sus bonistas. Más todavía cuando el Banco Europeo de Inversiones (BEI) es el principal.
¿Y qué pasará ahora? Antes de final de este año, Enagas cerrará la planta y la mantendrá hibernada y vigilada hasta que se decida el futuro de la misma. H
Fuente: El Periódico Mediterráneo
