Anoche venció el plazo que dio el Consell al posible comprador para acreditar su solvencia, aunque el proceso podría alargarse unos días más.
j. r. castelló El futuro del aeropuerto de Castelló está pendiente del aval del grupo hispanolibio interesado en su adquisición. Anoche expiró el plazo que fijó el Consell para la presentación de la garantía bancaria que acredite la solvencia de la propuesta.
El presidente de Aerocas, Carlos Fabra, eludió responder ayer a las preguntas de este diario sobre la llegada del aval. El sábado mostró su confianza en el comprador e insistió en la posibilidad de estirar unos días más el plazo. Por su parte, el vicepresidente del Consell, José Císcar, manifestó el viernes que la fecha tope era el domingo a las 24.00 horas.
Si no se dilata más el proceso, esta semana se determinará el rumbo de la infraestructura. En caso de que el grupo hispanolibio acredite que es solvente, seguirán las negociaciones sobre la operación de traspaso. Desde el gobierno valenciano vienen insistiendo en que la presentación del aval no significa que la venta esté hecha, aunque a la Generalitat le interesa deshacerse del lastre económico que supone el aeropuerto de Castelló.
Según reveló el presidente de Aerocas, Carlos Fabra, los posibles compradores han estado en Abu Dabi, supuestamente gestionando la carta de solvencia. La propuesta de compra está a nombre del empresario español José Mena, afincado en Valencia. Mena tiene como socio al libio Fowzi Amar Allolaki, miembro de la cámara de comercio árabe-británica y asesor del político Mahmoud Jibril. Al parecer, cuentan con el respaldo de un fondo inversor de Libia, que sería el que financiaría la operación. La oferta plantea una inversión de 200 millones de euros, de los que 87,5 son por el aeropuerto. El resto del dinero iría a ampliar las instalaciones y a desarrollar la zona logística. Incluso plantean un oleoducto hasta el polígono del Serrallo de Castelló.
Si no prospera la operación, el Consell buscaría la fórmula para ponerlo en marcha al menor coste posible. El presidente Alberto Fabra aseguró recientemente que la administración autonómica se haría cargo de su puesta en marcha aunque no llevaría directamente la gestión. Lo más probable sería una nueva concesión a una empresa, aunque a un coste menor que el que suponía el contrato con Concesiones Aeroportuarias, enfrentada ahora en los tribunales con la Generalitat.