Los alcaldes del PP quieren parar las obras de las desaladoras y renegociar las cuotas

Los munícipes dicen que el importe del servicio es actualmente “inasumible” Reconocen que las desalinizadoras se aprobaron para poder ejecutar los PAI Las instalaciones iban a abastecer 60.000 viviendas y 5 campos de golf que no se han construido.

LDC / EFE CASTELLÓ
El Partido Popular de Castelló propone renegociar con la empresa estatal Acuamed el precio del agua que abastezcan las desalinizadoras que ya estén en marcha y la suspensión de las obras de las desalinizadoras de Orpesa y Moncofa. Así lo hicieron público ayer a través de un comunicado la coordinadora provincial de Medio Ambiente del PP de Castelló, Ana Delfi Martín, y el portavoz de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Vicente Aparici, tras reunirse con los alcaldes y portavoces de Benicàssim, Orpesa, Cabanes, Xilxes y Moncofa.
El principal argumento para esta renegociación es que las cuotas del servicio de abastecimiento de agua que prestan las desalinizadoras son, actualmente, “inasumible” para los ayuntamientos. Además, según los alcaldes, todos ellos del PP, justifican esta propuesta en el “extraordinario” consumo energético de las plantas y el rechazo que provocan en los sectores afectados.

Pruebas en julio
Martín recordó que la situación es “insostenible por la carga económica que supone para los ayuntamientos en la actual coyuntura económica”. Cabe señalar que las obras de las desalinizadoras en Orpesa y Moncofa siguen en marcha, aunque Acuamed realizará pruebas en julio. Los alcaldes reconocieron que las plantas eran necesarias para la aprobación de los Programas de Actuación Integrada (PAI), puesto que era la única posibilidad de asegurar el abastecimiento de agua para los desarrollos inmobiliarios.
Además, apuntaron que los nuevos vecinos “deberían haber asumido el coste, sin embargo, después de siete años, los proyectos están paralizados”. Por ello, en la actualidad, solamente el alcalde de Moncofa, Jaime Picher (PSPV), defiende la obra de la desalinizadora, aunque asegura desconocer que el ayuntamiento tenga que pagar el coste de la inversión. Tanto los agricultores, como el resto de consistorios rechazan su uso por su elevado precio, que hace “inviable” el uso de este agua para las explotaciones agrarias y el consumo doméstico.
Cabe señalar que las desaladoras de Orpesa y Moncofa se proyectaron para abastecer a 60.000 viviendas y cinco campos de golf que, finalmente, no se han llegado a construir. En los Programas de Actuación Integrada (PAI) afectados están Mundo Ilusión y Torre la Sal. En total, la inversión del Gobierno central ha sido de alrededor de 100 millones de euros.
Según las cuotas negociadas en su día, el Ayuntamiento de Cabanes tendría que hacer frente al pago de unos 800.000 euros, una cifra similar a soportar por los consistorios de Orpesa y Xilxes. En el caso de Benicàssim, el importe podría ascender hasta el millón de euros. Según los acaldes populares, se trata de cifras que ahora no se pueden asumir por los importantes recortes que han sufrido los presupuestos municipales. Por su parte, desde Acuamed se asegura que volver a aprobar estos convenios “requiere una tramitación compleja, informes jurídicos y económicos, y la necesaria aprobación de diversos centros directivos diferentes al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente”.

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