Costas derriba el puente sobre el Chinchilla tras 10 años de ilegalidad

La Administración ejecuta una sentencia judicial y obliga a los usuarios a ir hasta la avenida Barcelona

RAMÓN PARDO CASTELLÓ 
“Una ruptura social y comercial. Se divide el pueblo”, afirma Ángel de la Rosa, vecino de les Amplàries de Orpesa. Es su reacción al derribo del puente sobre el río Chinchilla. La piqueta pondrá fin el lunes a 30 años de servicio de un puente levantado a finales de los 70 con carácter de provisionalidad y reconstruido en 2001 de forma ilegal como ha sentenciado la justicia. Costas recuperará el dominio público y los vecinos se quedan desconectados del pueblo.
Mientras, el consistorio, que no incluye el puente en su PGOU y aprobó un plan especial que prevé su eliminación, defiende ante la Audiencia Nacional que siga en pie. El concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat, confia en que “se respete el compromiso verbal adquirido ante el director general, Miguel Velasco, en Madrid. Acuerdo para simultanear el derribo con la construcción del nuevo puente”. Mañana, pedirá aclaraciones al Jefe Provincial de Costas, Ignacio Gil. Eso sí, “el consistorio respeta las decisiones judiciales”, aunque no comparte las prisas.
Por ello, si las gestiones no lo impiden, las máquinas derribarán el puente y obligarán a usuarios habituales del mismo a cambiar sus costumbres. La alternativa es intentar vadear el río en su desembocadura o buscar la avenida Barcelona, arteria que comunica el casco urbano con Marina d’Or, si quieren desplazarse en coche. Sea como sea la medida que afectará a unas 3.000 personas, que en verano rondan las 17.000, según la Plataforma Playa de les Amplàries, no tiene vuelta atrás y la decisión judicial no admite recursos.

Problemas de acceso
Fabregat advierte de que “sería una temeridad mantener tan solo el acceso por la avenida Barcelona ante la posibilidad de una emergencia” en la urbanización o en la playa del Morro de Gos. Y los vecinos añaden que al desaparecer el paso, el puente que quede en pie se verá colapsado.
También el colectivo de comerciantes denunció hace un año las consecuencias negativas del derribo del paso. Además, realizaron una campaña de denuncia y recogieron firmas para evitar la demolición del puente.
El portavoz del Bloc, Josep Lluís Romero, recuerda que el puente es ilegal “porque no aparece en el PGOU” y se pregunta “cómo el ayuntamiento aprueba la demolición del paso y al tiempo defiende ante la justicia que se mantenga, en un proceso judicial que costeamos entre todos”.
La plataforma, que agrupa a 27 comunidades de propietarios, respeta el fallo judicial, aunque censura la impaciencia de Costas que ordena derribar el puente, sin construir la prevista pasarela a 100 metros, incluida en el plan especial de regeneración de la albufera. Un proyecto que requiere una inversión de 12 millones y que no tiene partida ni fecha de inicio.
De ahí que De la Rosa, uno de los portavoces, critique “a la administración que podía esperar dos años a derribar el puente, mientras se ejecuta el previsto. Ello evitaría que los jóvenes y, en especial las personas mayores, tengan que dar un rodeo”. Mientras estudian qué hacer el lunes.

levante-EMV

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