La Ley de Costas salvará del derribo a casi 600 viviendas y decenas de chiringuitos

La reforma permitirá alargar la concesión hasta los 75 años y ampliar los permisos de los locales de uno a cuatro años

Las casi 600 viviendas y decenas de chiringuitos construidos en suelo de dominio público marítimo terrestre de las playas de la provincia de Castelló se salvarán de la demolición durante 75 años más, al haberse aprobado ayer en Consejo de Ministros un proyecto de ley que reforma la actual Ley de Costas. La cláusula más importante que se ha modificado tiene que ver con el periodo de concesión. Hasta ahora, las edificaciones solamente podían mantenerse en pie hasta el año 2018, fecha tope de las antiguas concesiones. Ahora, los propietarios podrán renovarla hasta 75 años más, de tal forma que, prácticamente, podrán habitar en las mismas sin temor alguno a la demolición. Además, también se amplía la autorización para los chiringuitos de playa desmontables que pasa de uno a cuatro años.
El Ejecutivo no ha resuelto todavía cómo legalizará la propiedad de los inmuebles porque, al ser desafectados del dominio marítimo-terrestre, pasarán a ser patrimonio del Estado, pese a que todas las viviendas tienen su dueño y están escrituradas. Fuentes de la plataforma de afectados apuntaron que el Gobierno baraja la posibilidad de cobrar un precio simbólico para terminar de corregir una situación que mantiene en vilo a miles de propietarios en la Comunidad Valenciana.
La provincia de Castelló es una de las que más polémica ha arrastrado en cuanto a la Ley de Costa en los últimos años. Solo en el litoral de Nules se levantan 241 viviendas a las que se suman las 97 casas de la playa de Almenara, las 93 de Xilxes, las 91 de Moncofa y las 71 de Cabanes, todas ellas en suelo de dominio público marítimo terrestre. No obstante, la reforma no parece convencer al alcalde de Nules, Mario García, quien ayer, pese a calificar la medida de “necesaria”, añadió que se tiene que estudiar bien el texto para “defender nuestras alegaciones y propuestas en caso de que no hayan sido incorporadas”.
Así, García señaló que hay una cuestión que preocupa como que la reforma deja fuera del dominio público diez zonas y, según García, “queremos saber por qué, y cuales son los condicionantes, pues pensamos que para esto debería haber una serie de requisitos que igual muchos municipios de Castelló también cumplimos”. Las zonas excluidas son diez barriadas históricas situadas, entre otras provincias, en Alicante (Rocafel, Puerto de Santa Pola), Valencia (Oliva), Girona (Empuriabrava, Platja de Aro), Huelva (Ría Punta Umbría) y Málaga (El Palo y Pedregalejo).

El Voramar, en alerta
Por otro lado, Benicàssim no contempla ninguna vivienda particular o chiringuito fijo construidos en dominio público a excepción del hotel Voramar. Su director, Rafael Pallarés, señaló ayer que aún no sabe cómo les va a afectar la nueva Reforma de la Ley de Costas pero aseguró que estaban “esperanzados” de que se les amplíe la concesión que finalizaba en el 2018. “El hotel ya se ha integrado en el municipio de Benicàssim y nos alegraremos si la nueva Ley le protege”, añadió Pallarés. En el caso de Almenara, su alcalde, Vicent Gil, reseñó que una ley que lleva tantos años en vigor “ha de ser modificada y actualizada”. Ahora bien, “el ayuntamiento envió una serie de alegaciones que no han sido ni contestadas por el gobierno de España”, apostilló.
El alcalde de Moncofa, el socialista, Jaime Picher, se mostró favorable a cualquier modificación “siempre que sea positiva, y más si se evitan derribos” pero añadió que “será totalmente inútil si no se afrontan medidas de protección del litoral inmediatamente”. Por último, el alcalde de Xilxes, Vicente Martínez, destacó que “la seguridad que da la ampliación a 75 años de las concesiones es muy importante”.

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