LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ 
La Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) niega que los municipios vinculados al proyecto de la desaladora de Cabanes-Orpesa hayan solicitado una revisión de los convenios que regulan la aportación de caudales y la amortización de las inversiones.
El diputado nacional de Compromís-Equo, Joan Baldoví, preguntó una batería de preguntas sobre la una desaladora que se impulsó para abastecer unos desarrollos urbanísticos que están paralizados. Según Acuamed, la previsión sobre las necesidades de agua “más actualizada” de la que dispone es la incluida en los documentos de planificación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica  del Júcar y la previsión que establecieron los propios  ayuntamientos en los convenios.
“El esquema provisional elaborado por la Confederación Hidrográfica del Júcar en diciembre de 2009, como parte de los trabajos  de redacción del plan hidrológico, estima un crecimiento de la demanda de agua para abastecimiento para los  municipios de Orpesa y Cabanes desde 3 hm3 /año en  el año 2005, hasta 5,7 hm3 /año en el año 2015, aunque se trata de necesidades con un gran componente estacional, por lo que la variable determinante es la capacidad diaria para suministrar en los momentos del año en  los que se concentra la mayor demanda, normalmente,  la estival”, explica.
A la pregunta de si tiene previsto renegociar los convenios firmados con los municipios (Orpesa, Cabanes y Benicàssim), la entidad estatal responde que los documentos suscritos “incluyen la creación de una  comisión de seguimiento, siendo una de sus funciones  la de resolver las dudas de interpretación de los mismos  y las posibles discrepancias en cuenta a su ejecución,  por lo que tendrá que ser en el seno de dichas comisiones en donde se lleve a cabo este debate”. “En función de  la trascendencia de los cambios, estos tienen que ser  autorizados por distintos órganos de control”, añade. Por otra parte, Acuamed afirma no haber recibido ninguna petición formal de revisión de los convenios.
El diputado Joan Baldoví se interesó por los precios que deberán abonar los municipios para optar al caudal de la desaladora. Acuamed explica que “los precios finales del agua destinada al abastecimiento se calculan en función de los costes de producción, incluida la inversión total final, de las plantas  desalinizadoras. Por ese motivo, los convenios firmados no incluyen los precios finales en términos monetarios concretos, sino que concretan la metodología  para el cálculo de las tarifas. Hasta que no estén concluidas las obras de la planta desalinizadora de Orpesa no se podrá realizar dicho cálculo”.