Se trata de un inmueble, propiedad de una familia, que lucha porque el edificio se emplace dentro de la ordenación urbanística. Sin embargo,…….. el plan parcial de esta zona deja fuera del proyecto al antiguo hotel que incluía un camping y un restaurante, al alegar que está en una zona de servidumbre.

La situación hacía que los propietarios se tenían que hacer cargo del coste del derribo y pagar unas elevadas cuotas para ello. Desde entonces, en 2005, estos propietarios están pleiteando.

Además, en aquel momento había dos constructoras interesadas en sacar adelante el PAI. No obstante, ahora el Supremo avala la decisión de dejar el Kiwu al margen de la ordenación de la parcela y, para ello, tira de mano de la jurisprudencia y de los trámites urbanísticos llevados a cabo por la comisión territorial y, además, por la Ley Urbanística Valenciana. Así pues, anula la anterior sentencia del TSJ y devuelve los trámites al mismo punto en el que se encontraba.

No es la primera vez que los promotores de esta actuación vencen en los juzgados. Ya en 2009 el juzgado número 2 de Castellón archivó la querella contra el presidente del grupo Marina d’Or, Jesús Ger, así como del alcalde de la localidad, Rafael Albert y su edil de Urbanismo, Tomás Fabregat. Se les acusaba de prevaricación pero la Justicia optó por darles la razón ya que «la aprobación del PAI no constituye ninguna resolución caprichosa ni infundada» y el derribo del edificio no era preceptivo para desarrollar el proyecto.