La Generalitat Valenciana está trabajando intensamente para pasar a manos privadas la gestión y operación del aeropuerto de Castellón, propiedad de la empresa pública Aerocas que preside el ex presidente provincial Carlos Fabra (PP). La operación reportaría ingresos a las arcas públicas del gobierno valenciano, pero también supondría el desembolso de entre 30 y 40 millones de euros a la actual concesionaria Conaer y unos 20 millones de euros en pagos pendientes a proveedores. Lola Johnson, consejera autonómica de Turismo, se ha puesto al frente de la negociación con Globalvía (en la que FCC y Bankia tienen un 50%), principal accionista de Conaer, para llegar a un acuerdo sobre la indemnización a pagar por el incumplimiento del contrato que otorgaba la explotación por 50 años a esta concesionaria. Conaer ha demandado a la Generalitat ante los tribunales y exige cobrar el coste de la obra, 120 millones de euros, más el lucro cesante.                                    (El Economista)