El secretario de Estado de Medio Ambiente apuesta por hacer compatible la protección del litoral con la actividad económica

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha abogado hoy por hacer compatible la protección del litoral con el desarrollo de las actividades económicas no perjudiciales y con la seguridad jurídica durante una reunión celebrada en Torremolinos (Málaga) con empresarios del sector de la hostelería y con alcaldes del litoral malagueño.

Ramos ha analizado la situación actual de los “chiringuitos” con una representación del sector en una primera toma de contacto para abordar distintos temas de actualidad.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha anunciado que estudia una reforma en profundidad de la actual Ley de Costas con la que también se buscará la protección de los sistemas litorales degradados por factores naturales o artificiales y que prestará especial atención al tratamiento de humedales costeros.

El Secretario de Estado ha subrayado que nuestro país cuenta con una gran extensión de costa, con un enorme valor medioambiental, pero que también se trata de un  ámbito idóneo para el desarrollo de actividades económicas generadoras de riqueza y empleo decisivas para el turismo.

En este sentido, ha enmarcado la reforma de la Ley en la mejora de la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa y en hacer compatible la protección del litoral con una actividad económica que contribuya a superar la crisis económica.

Ramos ha precisado que se estudia la posibilidad de aumentar el plazo de las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre.

Ha destacado que con esta medida se atiende, en particular, a los perjudicados  por la actual Ley, que fija en 2018 el año en el que comenzarán a expirar los plazos concesionales de 30 años previstos en la normativa de Costas de 1988.

Además, el Ministerio analiza los requisitos para realizar determinadas obras que sean necesarias para “dotar de sentido y utilidad a las ocupaciones y aun para el mantenimiento y conservación del buen estado del propio litoral”.

En materia de deslinde administrativo, este Departamento analiza los criterios de inclusión de unos determinados terrenos en el dominio público marítimo terrestre, así como otras medidas que tienen que ver con la desafectación de terrenos degradados en el sentido de fomentarla mediante un procedimiento más ágil y rápido.

Estos terrenos, en particular, se pueden destinar una vez excluidos del dominio público, al desarrollo de actividades económicas con menos restricciones, según ha indicado el Secretario de Estado.

Federico Ramos ha planteado además la necesidad de regular “mecanismos de coordinación” entre las distintas Administraciones Públicas.

Desde el año pasado, la Junta de Andalucía ha asumido las competencias de gestión del litoral, por lo que le corresponde conceder las concesiones a los “chiringuitos”, mientras que la Administración del Estado conserva las funciones de protección del dominio público marítimo-terrestre.

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