El litoral de Castellón recoge la tregua de Costas y reivindica la reforma de la ley

Las negociaciones para paliar los efectos negativos de la Ley de Costas entre los municipios de la provincia de Castellón y el Ministerio de Medio Ambiente comenzarán en las próximas semanas un nuevo capítulo de este conflicto que ha mantenido en vilo al litoral durante más de 20 años.

Una buena noticia para ayuntamientos costeros y plataformas de vecinos que, finalmente, han encontrado en el nuevo titular de la cartera, Miguel Arias Cañete, y su administración «un foro en el que se nos escuche y se nos permita explicar nuestras reclamaciones».
La declaración de intenciones del ministro, realizada hace una semana, fue lo suficientemente clara como para abrir una tregua en el conflicto que Castellón mantiene con Costas desde hace años. Una relación cargada de tensiones ante las reivindicaciones de los municipios afectados y «las continuas promesas incumplidas», como afirmó el alcalde de Nules, Mario García, y que Arias Cañete pareció zanjar con la promesa de «realizar una profunda reforma que armonice el desarrollo económico con la decidida protección de los recursos naturales», que vino seguida del anuncio de que encargará un estudio jurídico para la modificación de la Ley de Costas dirigida a cambiar algunos artículos de la misma.
Bandera blanca del Ministerio de Medio Ambiente para apaciguar los ánimos que abre, también, un periodo de reflexión en la provincia. Es el momento de plantear una estrategia para llevar hasta Costas las reclamaciones del litoral castellonense, reuniendo a todos los municipios y colectivos afectados. Ese será el objetivo de la próxima reunión entre los ayuntamientos y plataformas que se celebrará «en breve» y que, pese a estaba prevista para dentro de varias semanas se ha adelantado ante el anuncio del titular de Medio Ambiente.
De todos modos, es poco probable que las conclusiones de este encuentro aporten grandes novedades, pues como afirmaba el primer edil de Nules «siempre hemos reclamado lo mismo y es lo que vamos a seguir haciendo». A saber: la no aplicación retroactiva de la ley, «queremos conocer qué pasará con nuestras viviendas»; el futuro de la regeneración del litoral y, finalmente, «¿por qué no se ha actuado en la costa norte de la provincia?».
En definitiva, por qué la ley castiga a unas viviendas que se consideran históricas (en Nules, la mayor parte de las edificaciones afectadas se construyeron entre 1914 y finales de los 70, mucho antes de la creación de esta norma legal, en 1988), más cuando se podrían llevar a cabo otras iniciativas para frenar el avance del mar y la consecuente regresión de la costa.
«Con estas reuniones pretendemos que vean que hay una demanda social y que se nos de una opción a participar y defendernos ante una ley que nos castiga sin motivo porque estamos hablando de edificios históricos, construidos antes de esta legislación», explicó García, quien también se mostró agradecido por esta nueva posibilidad de iniciar las negociaciones para tratar de cambiar algunos de los puntos que afectan a la zona costera, ya que «hasta ahora no nos han escuchado».
Aún así, el alcalde de Nules afirmaba que desde todos los colectivos y administraciones implicadas toman las declaraciones de Arias Cañete «con cautela», aunque «por fin nos sentimos respaldados y la declaración de intenciones del ministro abre un resquicio de luz que nos da alguna esperanza».
En total hay 592 viviendas en la provincia afectadas por la retroactividad de esta ley: 241 en Nules, 97 en Almenara, 93 en Xilxes, 90 en Moncofa y 71 en Cabanes, aunque prácticamente todo el litoral castellonense se ha visto perjudicado por la regresión de la costa.
Parece que ahora, estos casi 600 propietarios podrán respirar un poco más tranquilos, aunque lo cierto es que las noticias se toman con pinzas, al menos, hasta que no haya una postura firme respecto a qué va a suceder con estas edificaciones o hasta que desde el Ministerio se concrete una postura y acciones definitivas. Y es que al anuncio de Arias Cañete de hace una semana, le siguieron este viernes las matizaciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, quien en su primera comparecencia pública, en la que también se refirió a la anunciada revisión de la normativa medioambiental, transformó la «muy profunda reforma» prometida por el ministro en una «reforma sosegada».
El problema es que en el año 2018 se acaba el plazo para cumplir con esta legislación y, mientras los tiempos se agotan, todavía queda mucho por hacer. De ahí que el último resquicio de esperanza para los afectados es toparse con una administración «más comprensiva» que la anterior.
En la memoria queda el caso de Fernando Ramia, a quien la dirección provincial de Costas derribó en noviembre de 2011 su casa de Almenara, a pesar de las protestas vecinales, los recursos judiciales todavía pendientes y la suposición de muchos (incluido el propietario) de que Madrid había paralizado el derribo.
La escena estuvo a punto de revivirse días después con la amenaza sobre otra vivienda en Moncofa. La casa siguió en pie, pero hace unos días, y pese a que se seguía negociando la actuación, el director provincial de Costas decidió abandonar su cargo (antes del traspaso de poderes) derribando en Oropesa el puente sobre el río Chinchilla. Una infraestructura que, supuestamente, no debería haber ‘caído’ hasta contar con un acceso alternativo a la zona de Les Amplàries que queda ahora prácticamente aislada del resto del municipio.
Una escena que, seguro se plantea en la próxima reunión entre ayuntamientos para debatir las reivindicaciones a presentar ante Costas. En este sentido, el diputado de Compromís, Josep Maria Pañella, volvía a exigir al Gobierno que transfiera las competencias en esta materia al Consell y defendía que «hay que ir mucho más allá. No se trata sólo de salvar determinadas edificaciones, que también, sino de revisar de arriba abajo toda la política llevada a cabo sobre protección de las zonas costeras».

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