Los municipios afectados por la Ley de Costas reclaman garantías para preservar las viviendas consolidadas

Los alcaldes trasladan a la diputación que quieren que se definan más las condiciones para los cambios en los deslindes – Las localidades castellonenses pedirán en una alegación común un compromiso para invertir en la regeneración de las playas que están retrocediendo por la erosión

N. MARTÍN CASTELLÓ 
Los 15 principales municipios de Castelló afectados por el borrador de la nueva Ley de Costas reclamarán al Gobierno que dé garantías a más de 700 propietarios para que no pierdan los inmuebles y casas consolidadas debido a los traspasos de titularidad del dominio público marítimo-terrestre en favor del estado. 
Esta fue una de las principales preocupaciones que trasladaron los alcaldes durante un encuentro con el diputado provincial de Medio Ambiente y alcalde de Nules, Mario García, que quiere coordinar la postura común de los castellonenses de cara a las alegaciones que presentarán los ayuntamientos al proyecto de ley.
Además, ante la progresiva modificación del deslinde de los 500 metros de costa (especialmente debido a la regresión de las playas) los municipios castellonenses coincidieron al reclamar un compromiso de inversión en la regeneración de las playas.
El encuentro reunió en la diputación a los alcaldes y concejales de Alcalá de Xivert, Almenara, Almassora, Benicarló, Burriana, Cabanes, Castelló, La Llosa, Moncofa, Nules, Oropesa del Mar, Peñíscola, Torreblanca, Vinaròs y Xilxes. Junto a ellos, también participaron diversas plataformas y asociaciones vecinales que aportaron sus matices al anteproyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley 22/1988 de Costas.
Los más de 30 asistentes trasladaron su visión del borrador, publicado hace 20 días, tanto a la institución provincial como a los técnicos de conselleria que participaron con el fin de redactar un documento conjunto que recoja las alegaciones de los afectados y particularidades de todas las localidades del litoral castellonense.
Las aportaciones serán recabadas por la Diputación hasta el 20 de agosto para, acto seguido, presentarlas al ministerio, la Conselleria de Medio Ambiente y la Federación Española de Municipios y Provincias. “Aunque la institución provincial no tenga competencias en materia de costas hemos decidido ponernos a trabajar de la mano de los municipios, quienes también tienen que presentar sus alegaciones particulares, para defender junto a la Generalitat Valenciana los intereses de la provincia frente al Gobierno central y luchar para que nuestras demandas sean incluidas en la nueva Ley de Costas”, explicó García.
Las principales cuestiones que surgieron en la reunión fueron la determinación de los deslindes; la posibilidad de que se queden los vecinos en propiedad de las casas y no en concesión por 75 años (aunque esta concesión ya supone un avance para los vecinos respecto a las condiciones anteriores); los criterios de delimitación de los núcleos del Anexo 1 que se excluyen del dominio público marítimo-terrestre y pasan a ser patrimonio del Estado; así como otros artículos de la ley que afectan a las propiedades.
La reunión que celebró ayer el organismo provincial es la continuidad del grupo de trabajo que la propia diputación creó hace dos años con Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense. Su objetivo es “defender, desde una visión supramunicipal, a aquellas personas, poblados marítimos y municipios cuyas viviendas y propiedades públicas y privadas se ven afectadas por la aplicación retroactiva de la Ley de Costas”.

Controversias sobre la protección ambiental

El nuevo Gobierno ha dado un giro en la política de gestión de la costa y reduce sus exigencias ambientales frente a las reivindicaciones de propietarios y negocios de playa. La batalla de los chiringuitos, que enfrentó al Gobierno con los municipios costeros durante la etapa socialista, tuvo tres claros arietes en la Comunitat Valenciana que el Ministerio de Medio Ambiente ha decidido relegar. Las tres jefaturas de la demarcación de Costas en la Comunitat Valenciana cambian de titular tras el giro de la política ministerial que incluye la polémica reforma de la Ley de Costas. En Castelló, la víctima de este giro es Ignacio Gil y la nueva jefa de la demarcación de Costas es la antigua arquitecta de Xilxes, Josefa Solernou. Esta población de la Plana Baixa era una de las afectadas por los derribos de viviendas en primera línea de playa, por lo que su nombramiento ha sido bien recibido entre los ayuntamientos del litoral de Castelló. Por su parte, los ecologistas ya han comenzado a recoger firmas contra el borrador de la nueva Ley de Costas. “No a nuestra costa” es el nombre de la plataforma que lucha por esta causa, a la que se han adherido más de 200 organizaciones y colectivos de todo el territorio español, con el fin de reivindicar la defensa del litoral y manifestar su rechazo a la reforma de la Ley de Costas. Los colectivos alegan que resulta peligros ampliar concesiones de las casas construidas a 75 años y reducir las zonas dominio público, lo cual rebaja las superficies de protección ambiental.

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