La nueva Ley de Costas, que se aprobó el jueves en el Congreso de los Diputados de manera definitiva, permitirá solicitar aplicar nuevos deslindes para determinar dónde acaba la zona de dominio público marítimo (primera línea). En esta área es donde se ubican las viviendas bajo el régimen de concesión a las que la norma ha otorgado una prórroga de 75 años. Sin embargo, en Castellón, pese a que se aplaude la medida, preferirían tener sus propiedades sine die, algo que solo es posible si las casas salen del espacio público.

Para que esto sea una realidad “se deberían hacer obras de regeneración del litoral”, explica el diputado de Medio Ambiente y alcalde de Nules, Mario García, quien asegura que, pese a que el reglamento no prevé actuaciones contra la erosión “se seguirá luchando y reivindicando que se hagan. Confiamos en que en cuanto mejore la situación económica, los trabajos se ejecuten”.

Con esta intervención “se ganaría terreno al mar y la demarcación podría desplazarse, por lo que podría ser posible que los inmuebles salieran de la zona crítica y la ley prevé que se pueda solicitar una medición con mojones para desplazar la línea”, asevera.

Con la renovada norma se abre un abanico de posibilidades para los dueños de las 600 viviendas que han estado en el punto de mira de los derribos. Al menos desaparece del horizonte el año 2018 como la fecha en la que iban a demolerse los inmuebles.

LARGO PROCESO // El cambio de la normativa había sido muy reclamado desde la provincia. El año pasado arrancó el proceso, no exento de polémica, ya que grupos ecologistas y partidos como el PSOE o Izquierda Unida se opusieron al cambio al considerar que se abría la veda para nuevas construcciones. El Senado aplicó enmiendas que han sido ratificadas por el Congreso de los Diputados, valiéndose el Partido Popular de su mayoría absoluta.