La Conselleria de Gobernación abre diligencias contra los regidores por “ocupar” la delegación autonómica provincial
J.MESTRE CASTELLÓ Alcaldes de 
27 municipios de Castelló se rebelaron ayer contra la deuda que acumula la Generalitat con los municipios de la provincia, que ascienden a los 200 millones de euros, y protagonizaron un encierro de 24 horas en la sede de la delegación del Consell en Castelló para exigir una reunión “inmediata” con el presidente valenciano, Alberto Fabra. La Conselleria de Gobernación envió a la Policía Autonómica a las ocho de la tarde y amenazó a los concejales con abrir diligencias si no desalojaban el lugar. Los ediles socialistas se negaron y cumplieron sus planes.
26 alcaldes del PSPV más uno independiente, ataviados con camisas rojas con el lema “Fabra paga ya” y cargados con mantas y sacos de dormir, iniciaron la protesta en la Casa de Caragols a la una y cuarto de la tarde no sin resistencia por parte de la Generalitat, mientras fuera portavoces municipales y cargos orgánicos del partido gritaban contra la deuda. El delegado del Consell intentó frenar la entrada de los alcaldes, pero al final desistió y los dejar permanecer en el salón de actos de la institución. Los regidores defendieron su derecho a acceder a la sede pública en cumplimiento de sus funciones de alcalde e hicieron entrega de un escrito dirigido a Alberto Fabra. Posteriormente, a última hora de la tarde, la Policía Autonómica hizo acto de presencia “por órdenes superiores” y anunció la apertura de una denuncia contra los alcaldes por “ocupar” el edificio autonómico.
Au vez, el secretario general provincial, Francesc Colomer, leyó al mediodía un manifesto en el exterior de la Casa dels Caragols y explicó que han tomado esta decisión “después de que el presidente Fabra no haya contestado a las reiteradas peticiones realizadas por los alcaldes socialistas desde hace más de un año”. Colomer destacó que los regidores del PSPV “representan el espíritu de todos los alcaldes de la provincia” y reclamó al jefe del Consell, además de un encuentro para abordar la deuda, un calendario de pagos y la aprobación de un fondo extraordinario que garantice la financiación de los convenios firmados entre el Ejecutivo valenciano y los consistorios en materia educativa y social.
“La paciencia se ha agotado. Estamos haciendo de financiera de la Generalitat y ya no tenemos más posibilidades económicas. Esta deuda no sólo afecta a los ayuntamientos, también a proveedores, autónomos y colectivos sociales y luchamos por toda la gente a la que se debe”, subrayó Santi Pérez, primer edil de Forcall.
La asfixia de los ayuntamientos se agrava en Castelló, ya que el 90% de los mismos tienen menos de 5.000 habitantes y necesitan recursos externos pra subsistir. Como muestra, la adeuda del Consell con Sant Mateu o Càlig representa más del 50% del presupuesto anual de estas dos localidades.
“Se escudan con la crisis económica, pero en cambio sí tienen 250 millones para la sociedad de Parques Temático, 30 millones para comprar Valmor o hay dinero para asumir la deuda del Valencia”, lamentó Benlloch. “Por eso hoy nos encerramos para conseguir una entrevista con Alberto Fabra. Los alcaldes del PP callan porque primero piensan en el partido, pero nosotros estamos hartos”, remarcó el regidor vila-realense.
El alcalde de Cervera y portavoz de los ediles socialistas encerrados, Adolf Sanmartín, advirtió que esta deuda “supone más paro, menos servicios municipales y el cierre de escuelas” y alertó que los alcaldes del PSPV tomarán “las medidas oportunas para que se nos haga caso”.
El PP habla de “ocupación ilegal”
El coordinador de Acción Política del PP de Castelló, Miguel Barrachina, calificó este encierro de “ocupación ilegal de la sede del Gobierno valenciano” y afirmó que este acto demuestra que “el sector radical del socialismo castellonense se ha impuesto al moderado. Y aquello que no gobiernan tratan de ocuparlo ilegalmente”. “Al PP le preocupa que PSPV se empeñe en ser la fuerza más votada del tripartito”, agregó.
Los colectivos sociales se unen a la movilización
El Partido Socialista también unió a su movilización de ayer a los colectivos social de toda índole a los que el Gobierno les debe una ingente cantidad de dinero. Entidades de dependientes y de discapacitados, colegios de farmacéuticos, centros educativos-tanto públicos como concertados-, Universitat Jaume I, autónomos, propietarios de vivienda protegida, escuelas de música o talleres ocupacionales. Son muchos los entes que padecen los impagos de la Generalitat. El PSPV invitó ayer a 2.500 asociaciones a concentrarse por la tarde ante la Casa dels Caragols. Mientras en el interior de la sede del Consell los alcaldes socialistas mantenían un encierro, fuera centenares de representantes de movimientos sociales de la provincia clamaban contra los impagos de la Generalitat y reclamaban una pronta solución.
El PSPV de Castelló quiso así sumar a la causa de los ayuntamientos al resto de entidades afectadas por la deuda del Consell. Todos ellos desconocen cuándo percibirán la totalidad de la deuda y las entidades que disponen de un calendario de pagos -como el colegio de farmacéuticos-, reciben su dinero a cuenta gotas y con retraso.
Una de las vías para solventar esta deuda pasa por el Fondo de Liquidez Autonómico, pero el Consell ya ha anunciado que los 2.500 millones que solicitará en el segundo FLA del Gobierno será para el pago vencimientos de crédito y que la deuda municipal dependerá de un sobrante del mismo que no está garantizado.