La ordenanza contemplará el prorrateo del pago en función del tiempo en que cada empresario ocupe la vía pública, además de la ampliación de la temporada, que a partir de ahora incluirá la Semana Santa

Oropesa del Mar ha aprobado este viernes 21, en sesión plenaria extraordinaria, la modificación de la ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública. Con esta modificación, que ha contado con los votos afirmativos del Partido Popular y el GIO, se amplía la temporada en que los empresarios podrán instalar sus terrazas en la vía pública del municipio, incluyendo a partir de ahora a la Semana Santa y hasta el 30 de septiembre.

Además, porque de lo que se trata es de “beneficiar a los empresarios”, tal y como ha comentado el alcalde de Oropesa del Mar, Rafael Albert, también se realizará un prorrateo del pago anual, en función de la cantidad de tiempo en que cada empresario ocupe la vía, de modo que “no se tenga que pagar más de lo necesario”. 

La propuesta de modificación de la ordenanza incluía también un punto más, el que todo establecimiento que estuviera abierto todo el año (11 meses incluyendo un mes de vacaciones), se tuviera que abstener del pago anual por ocupación de la vía pública. Sin embargo, dado el informe desfavorable de la interventora, dicho punto ha tenido que ser retirado de la propuesta, aunque “si encontramos la fórmula legal para llevarlo a cabo, lo volveremos a llevar a pleno”, ha explicado Albert, a lo que ha añadido que “desde el equipo de Gobierno estamos muy interesados en conseguir que esto se incluya en la ordenanza, tal y como prometimos en nuestro programa electoral”.

En otro punto de la orden del día, el pleno ha aprobado, con los votos a favor del PP y elGIO, los votos en contra del BLOC y la abstención del PSOE, la revisión de los precios del contrato de la empresa que se ocupa del servicio de recogida de residuos, limpieza viaria y de playas del municipio. Una cantidad que se corresponde con el IPC y que asciende a 46.269 euros en la primera revisión y a 71.197 euros. El BLOC, tal y como ha admitido su portavoz, Josep Lluís Romero, ha decidido posicionarse en contra pues su partido considera que la empresa “no está cumpliendo el contrato como debiera”. El alcalde, Rafael Albert, en contestación a lo apuntado por Romero, ha alegado que “hay que aprobar la revisión de precios tal y como marca la ley, otra cosa es que no cumplan el contrato. Si esto se demuestra, se les acabará sancionando”.

Donde también se ha mostrado en contra el BLOC ha sido en cuanto a la suspensión, de nuevo, del convenio urbanístico del sector R5-B, decisión que revoca lo aprobado en sesión plenaria el pasado 30 de agosto. Una suspensión que ha sido necesaria, pues tanto los técnicos como el agente urbanizador han corroborado que no había sido implantado un canon de urbanización por hallarse en trámite un proceso judicial, canon que es necesario, tal y como ha comentado el concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat, para que, “si las obras continúan, haya una garantía de cobro por la realización de dichas obras”. Tanto el PP como el GIO han votado a favor de esta suspensión, mientras que el PSOE ha decidido abstenerse, además del ya comentado voto negativo del BLOC.

En materia económica, se ha aprobado, tan sólo con los votos afirmativos del partido en el Gobierno, la oposición del PSOE y las abstenciones del GIO y el BLOC, un reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 18.810 euros, destinado al pago de facturas. Esta cantidad económica irá destinada a la instalación de una cámara de video-vigilancia en el Centro de Salud, a la limpieza de las dependencias del Ayuntamiento, o al pago de servicios de abogacía, entre otras cosas.

Por último y por consenso, han sido aprobadas las cifras del padrón municipal a 1 de enero de 2012: 9898 habitantes. Cifras que, según ha comentado el alcalde Rafael Albert, han aumentado ligeramente, habiendo a día de hoy “10.200 personas censadas”.