El Gobierno afirma que los expedientes
de expropiación de los terrenos donde se iba a construir la nueva plataforma están parados, a la espera de la licitación de obras Los municipios admiten sus dudas e ignoran si las parcelas siguen vinculadas al proyecto ferroviario que Fomento ha relegado
JORDI RUIZ CASTELLÓ La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, aseguró ayer que el Corredor Mediterráneo “será una realidad esta legislatura gracias a la cual se dinamizará la economía de la Comunitat Valenciana, además de fomentar la creación de empleo”. En un comunicado, la consellera destacó el “esfuerzo” de la Generalitat en esta materia y explicó que el compromiso del Gobierno de España con el Corredor Mediterráneo “está fuera de toda duda y así lo reflejan los Presupuestos Generales del Estado”. Bonig explicó que el Ministerio de Fomento trabaja en un estudio previo elaborado por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, que permitirá la salida de mercancías en ancho internacional a Europa y la circulación de viajeros también en ancho internacional. Así, este estudio tiene como objetivo la implantación del tercer carril en ancho europeo con conexiones a los puertos de la Comunitat en fechas próximas, 2015 para los puertos de Castelló y Valencia y 2016 para Alicante.
El senador del PSPV Enrique Navarro considera que la respuesta sobre las expropiaciones del AVE “es la prueba irrefutable de que la nueva plataforma desde Valencia hasta Castelló estaba totalmente encauzada”. “El exministro Blanco lo dejó todo planificado e incluso remitió toda la documentación a los Boletines de la Unión Europea, con todos los proyectos concluidos y las expropiaciones listas, además de la financiación público-privada concretada. El PP solo tenía que ejecutar, pero ha demostrado que sus prioridades eran el AVE a Galicia y que el peso del PP valenciano en Madrid es nulo”, añade. Para Navarro, “olvidar en un cajón de Fomento lo que estaba a punto de licitarse y callar como están haciendo los que antes gritaban supone una traición a Castelló”. Para el senador, “el clamor de la sociedad valenciana no servirá de nada si el PP no acepta las enmiendas que los socialistas vamos a presentar en los presupuestos Generales del Estado”.
La apuesta del Ministerio de Fomento por el tercer carril ferroviario y la renuncia indefinida a construir una nueva plataforma para el AVE Valencia-Castelló, como estaba previsto, deja en suspenso los expedientes de expropiación de más de seis mil fincas afectadas por el proyecto original. Los ayuntamientos admiten sus dudas sobre la situación en que han quedado los terrenos.
Las expropiaciones de las parcelas por donde iba a discurrir el AVE Valencia-Castelló se tramitaron en la anterior legislatura y el proceso se interrumpió por la decisión del Gobierno de Rodríguez Zapatero de paralizar la infraestructura por los recortes del gasto público. Las adjudicaciones de obras en los diferentes tramos se anularon y, poco antes de las elecciones generales, el entonces ministro José Blanco tramitó de nuevo la licitación del AVE a través de una fórmula de colaboración público-privada.
El nuevo Ejecutivo de Rajoy anunció la licitación de las obras, pero incumplió su promesa y cambió el proyecto original por el del tercer carril. Esta opción supone instalar un raíl dentro de las vías existentes para que puedan circular trenes con ancho internacional como el AVE. Es una alternativa más económica porque aprovecha la infraestructura ya existente. La construcción de nuevas plataformas queda aplazada de forma indefinida y queda vinculada a un aumento del tráfico en el corredor mediterráneo que justifique la necesidad de más capacidad.
La apuesta por el tercer carril deja el interrogante de los terrenos afectados por el proyecto del AVE Valencia-Castelló. En una respuesta parlamentaria, el gobierno detalla que inició diez expedientes de expropiación forzosa correspondientes a otros tantos proyectos de construcción de plataforma entre Almassora y Valencia. En total, se vieron afectadas 6.252 fincas y se levantaron actas previas a la ocupación en 2.806 casos. Según informa el Gobierno, “hasta la fecha no se ha procedido a la ocupación de ninguna de las fincas afectadas”. Por lo tanto, no se ha pagado nada a los propietarios en concepto de indemnización. La tramitación de los expedientes, añade, “no se ha continuado”, “en espera de que se acuerde la licitación de las obras de los proyectos que motivan los referidos expedientes de expropiación forzosa”.
Los ayuntamientos de los municipios afectados admiten sus dudas sobre la situación en que quedan los terrenos. Jaime Picher, alcalde de Moncofa -localidad que abanderó en su día las protestas por el impacto del AVE en el término- considera que las fincas que iban a ser expropiadas “están condicionadas por el proyecto”. Por lo tanto, “no se podrían impulsar actuaciones urbanísticas” en esa franja de suelo al estar ligada al AVE. Picher considera que el Ministerio debería clarificar “qué hacemos con esos terrenos”.
En la misma línea, el alcalde de Almenara, Vicent Gil, entiende que las fincas siguen vinculadas al proyecto ferroviario que se ha aparcado. “No tenemos posibilidad de hacer previsiones de nada”, lamenta.
Por su parte, el de Nules, Mario García, cree que el suelo ha quedado “liberado” tras la decisión del Gobierno de implantar el tercer carril y la renuncia a la nueva plataforma ferroviaria. Entiende que si su ayuntamiento quisiera impulsar algún proyecto en esa zona “tendría que pedir permiso a Adif”. Desde la entidad estatal no pudieron precisar si los terrenos siguen condicionados por el tramo del AVE.