Acuamed destinará el año que viene 7,5 millones para acabar de pagar obras El futuro de las dos desaladoras es incierto tras invertir 100 millones

JORDI RUIZ CASTELLÓ Los Presupuestos Generales del Estado de 2013 darán carpetazo en la provincia de Castelló al denominado Plan Agua, el programa de actuaciones impulsado por el gobierno de Zapatero como alternativa al derogado trasvase del Ebro. El año que viene se acabarán de pagar los proyectos ejecutados y no hay previsión de impulsar nuevas obras.Para desarrollar el Plan Agua, el Gobierno socialista creó la sociedad Acuamed, encargada del diseño y ejecución de los distintos proyectos. En el caso de Castelló, ha invertido cerca de 140 millones de euros, de los que más de 100 millones han ido a parar a las desaladoras de Moncofa y Cabanes-Orpesa, que todavía no han entrado en funcionamiento y cuya viabilidad es una incógnita.
Los presupuestos estatales de 2013 prevén 7,5 millones de euros para pagar obras ya ejecutadas: 2,9 millones para la desaladora de Orpesa; 563.000 euros para la planta de ósmosis (desaladora) de Moncofa y la mejora de la gestión de aguas salobres en el sur de la comarca de la Plana; 2,3 millones para el proyecto de recarga de los excedentes invernales del río Belcaire; y 1,9 millones para una conducción entre Orpesa y Benicàssim. Esta última actuación recibirá una última asignación de 1,5 millones en 2014.
Acuamed no prevé nuevas obras en la provincia y parece descartar las actuaciones pendientes del Plan Agua. Nada más producirse el cambio de gobierno, el nuevo Ministerio de Medio Ambiente ya anunció que sometería a revisión todos los proyectos hídricos impulsados por el anterior ejecutivo socialista. Los presupuestos de 2013 confirman que el Plan Agua ya está completado en Castelló.

Un programa polémico
El programa hídrico deja más sombras que luces. Sobre todo por las dos plantas desaladoras, impulsadas en plena fiebre del ladrillo para dar respuesta a los proyectos urbanísticos previstos. La burbuja inmobiliaria se pinchó sin que estos planes vieran la luz y los municipios que firmaron convenios para conseguir agua desalada se encuentran en el brete de tener que amortizar la inversión avanzada por el Ministerio de Medio Ambiente, que supera los 100 millones de euros. Los propios municipios admiten que no necesitan los recursos hídricos de las plantas desalinizadoras, que están ejecutadas pero que no han entrado en funcionamiento.