El portavoz del Bloc-Compromís, Josep Lluís Romero, ha presentado una moción que se debatirá en el próximo pleno en la que se pide que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Orpesa fiscalice a todas las empresas que realicen servicios municipales por lo que respecta al cumplimiento de la ley. “Vivimos tiempos difíciles para el mundo laboral. La actual crisis económica genera una fuerte competencia y muchas empresas buscan reducir sus gastos a expensas del trabajadores”, explica Romero, que señala que en esta propuesta se hace especial referencia a los aspectos referentes a los contratos de trabajo y a las normas prevención de riesgos laborales.
Por esta cuestión el Bloc-Compromís opina que es de vital importancia que el Ayuntamiento de Orpesa controle exhaustivamente la actividad de todas las empresas que trabajen para la administración local con el fin de acabar con las posibles irregularidades que se puedan producir. “Desde el Ayuntamiento tenemos que ser un ejemplo de buena gestión y de entidad cercana al ciudadano e intentar paliar todas aquellas posibles situaciones que no sean normativas y que puedan atentar contra los derechos de los trabajadores”, explica el portavoz del Bloc-Compromís.
Para Josep Lluís Romero las actuales circunstancias provocan muchas formas de ocupación precaria como contratos hasta fin de obras, contratos temporales encadenados (con los cuales el empresario se evita dar vacaciones o indemnizaciones por despido), trabajo ilegal, sin contrato o con contratos que no se ajustan a la realidad o trabajos. “Son trabajos a veces fuera de la legalidad, o encubiertos en formas legales, pero que no lo son. El trabajador necesita protección ante las empresas que fomentan la ocupación precaria”, afirma Romero.
Competencia desleal
Josep Lluís Romero considera que las empresas que cumplen con la ley se encuentran en condiciones de competencia desleal frente a aquellas que se benefician de la ocupación precaria. “Las que se benefician de esta situación de mano de obra barata, que afecta especialmente al sector inmigrante, pagan sólo los sueldos con lo que se ahorran en seguridad social y otras términos legales. Nuestro grupo entiende que esta situación tiene que acabar”, dice Romero